MÁXIMO SOZZO - "ES RIDÍCULO SEGUIR PENSANDO EN POLICÍA Y CÁRCELES PARA GANARLE AL DELITO"

Máximo Sozzo es abogado, investigador y docente especializado en criminología. El pasado jueves dictó su primera clase sobre Política Criminal y Control del Delito en el marco de la Maestría en Derecho Penal que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia.
En diálogo con Jornada, Sozzo propuso que, en materia de control del delito, es indispensable ver a la política criminal como parte de la política social.

-¿Por qué son más leves las penas en los delitos penales que en los administrativos?

-Entre el siglo XVIII y el siglo XIX los países centrales privilegiaron cierto tipo de hechos que calificaron como graves que merecen la pena: contra la propiedad y contra las personas.En cambio, los delitos vinculados a sujetos poderosos social, económica o políticamente han sido considerados delitos desde no hace más de sesenta años.A partir de ahí se ve cómo un problema el hecho de que esos acontecimientos ocasionan tantos daños sociales, o más, que los tradicionalmente considerados como delictivos, y sin embargo no lo eran; estaban considerados como ilícitos administrativos y a veces ni siquiera eso.

-¿Esto debería modificarse?

-Evidentemente las penas, tal como están estructuradas en el sistema penal argentino, son terriblemente monótonas. Respondemos a todos los problemas con los mismos remedios: la pena privativa de la libertad.
Me parece que eso es algo que debe ser cuestionado urgentemente.No podemos pensar que ese único estilo de intervención es adecuado para problemas tan diversos, que van desde un acto de corrupción de un funcionario público hasta el robo de un sándwich.

-¿Creés que alcanza con que aquellos funcionarios que cometieron un desfalco paguen de su bolsillo?
-Para esos delitos de sujetos poderosos, que cuentan con recursos económicos, responder con una pena pecuniaria puede no ser una buena opción del todo.
Quizá en esos casos se pueda pensar en la privación de la libertad, por ejemplo, que efectivamente sea vista por esos sujetos poderosos como un daño potencial. Porque si no el esquema disuasivo al cual se vincula la ley penal no tendría sentido.

-¿La pobreza incide en el aumento de la cantidad de delitos?
-No hay duda de que ciertas formas de marginación económica y social funcionan como una condición de posibilidad para que determinados individuos decidan cometer delitos. Pero esto no quiere decir que todos los actos delictivos sean causados por esa marginalidad.Otro elemento importante es que la marginación no es sólo un problema material porque a su vez está recubierto por otros procesos sociales y culturales que son indisociables.Entonces no es solo falta de recursos sino que la falta de recursos genera una forma de vida social que está sometida a otro montón de privaciones que no son sólo materiales.

El control del delito excede a la Policía. ¿Qué otros estamentos, que también son responsables, considerás que hoy están fallando a la hora de controlar el delito?
-Uno de los grandes problemas de las estrategias del control del delito contemporáneo en la Argentina es que se sigue pensando en torno de las instituciones tradicionales.Creemos que si el delito crece es porque la Justicia no funciona, las cárceles no funcionan, la Policía no funciona.Pero en el hecho de que el delito crezca también inciden otros factores que tienen que ver con los grandes procesos de transformación social, económica y cultural que han atravesado la vida contemporánea en los últimos treinta años.
Entonces parece ridículo seguir pensando que la batalla contra el delito se va a ganar invirtiendo en Policía, en Justicia penal y en prisiones.
Para pensar nuevos mecanismos de control del delito que sean efectivos es indispensable ver a la política criminal como parte de la política social y entender que lo que está en juego en el mundo contemporáneo es la reacción de la política ante la crisis de los lazos sociales. Las políticas educativa, social, laboral, de salud deben desarrollar acciones concretas dirigidas a esas poblaciones que padecen condiciones de vida que pueden funcionar como condiciones posibilidad para la comisión de actos delictivos. Que es lo que esas políticas hoy no hacen.

-¿Cuál es el efecto de aumentar la Policía en la calle?
-La presencia policial en las calles, produce, en el mejor de los casos, un efecto desplazamiento. En teoría, cumple un rol preventivo porque disuade a las personas de cometer un delito en el lugar donde está la presencia policial.
Y como no puede haber ciudades íntegramente vigiladas, los delitos no se cometen donde está la Policía sino en otro lugar.
La Policía se concentra en barrios de clase media alta y alta.Ahí se ve una ciudad dividida en dos: con espacios protegidos y espacios desprotegidos, con una Policía que concentra sus esfuerzos en evitar que los individuos indeseables invadan la ciudad protegida. Se sigue funcionando como una dotación de bomberos: acude a un lugar porque hay reclamo social allí y está durante un mes y después va a otro lugar.
El intelectual inglés Jeremy Bentham pensaba que el castigo, para que se justifique, tenía que se útil. Decía: “Si el mal que el delito ha ocasionado no va a ser reparado por el mal que la pena ocasiona, mejor no castigar”. Esta idea es terriblemente subversiva en relación a cómo se piensa hoy el castigo en la vida pública. Nadie reflexiona sobre castigar, ¿vale la pena?En Argentina, la forma de castigar es difícil de justificar. Nuestras penas privativas de la libertad producen desocialización, violencia, reincidencia. Se trata de darle una apariencia al público de que estamos haciendo algo efectivo, cuando en realidad estamos haciendo algo que nadie sabe muy bien para qué sirve.